Ponencias

BEATRIZ MERINO, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Distinguido señor Mario Vargas Llosa, Presidente de la Fundación Internacional de la Libertad.

Estimado Gerardo Bongiovanni, Director Ejecutivo de la Fundación Internacional de la Libertad.

Señoras y señores.

Acudo a esta cita, abrumada por el honor que involucra la invitación personal que me cursó la Fundación Internacional de la Libertad, creada con el propósito de defender al sistema democrático, al Estado de Derecho y la Economía de Mercado como los pilares del desarrollo en nuestro continente. Esta reunión, en la que reflexionaremos sobre los problemas y posibilidades de América Latina, es alentada por las más sinceras y profundas convicciones sobre el destino final de la libertad de los latinoamericanos.

Todos conocemos la permanente preocupación de Mario Vargas Llosa por el progreso de nuestra región. Le agradecemos su liderazgo intelectual y civil, que nos congrega. Pero, además, como una inmensa legión de latinoamericanos, tengo la esperanza de que sus reflexiones y propuestas se hagan realidad en nuestros países.

Éste es un momento inédito en nuestra historia. Si bien se creía firmemente que el adormecimiento producido por las economías centralizadas había concluido en un despertar definitivo hacia la libertad y que, finalmente, se había encontrado un camino, el de la libertad, la democracia y la ciencia, que nos conduciría al progreso y hacia etapas cada vez más altas de bienestar material, hoy –en cambio– todo nuestro ámbito está signado por la inseguridad.

Hoy en día, la ruta que creíamos despejada aparece sembrada de obstáculos. Tal parece que los viejos fantasmas del intervencionismo, la revolución y el nacionalismo nunca se erradicaron del todo y ahora recobran una fuerza que es capaz de echar por tierra los esfuerzos democráticos.

En efecto, en estos momentos observamos que los objetivos de seguridad global –la lucha frontal contra el terrorismo– parecen constituir el punto de una agenda central desde la perspectiva norteamericana, pese a los serios problemas de déficit presupuestal y a los reveses en las discusiones sobre la definición de nuevas relaciones económicas internacionales que tal situación les genera.

En la actualidad observamos que Europa avanza en su unidad política, económica y cultural, enfrenta las dificultades de sus Estados de Bienestar y se esfuerza por conseguir una Constitución Europea definitiva, la que entraría en conflicto y ayudaría a superar los nacionalismos que persisten. Vemos al continente asiático enfrascado en una tensión singular debido al conflicto que supone el intenso ritmo de crecimiento económico logrado a través de la economía de mercado libre y la resistencia a realizar reformas políticas que les permitan un avance paralelo en materia de derechos civiles y políticos.

Por otra parte, asistimos a la cruenta confrontación que subsiste entre pueblos en el Oriente Medio con sus terribles consecuencias, así como a la condena a todas las formas de terrorismo que aún imperan en esa castigada región. Y nos compadecemos de los pueblos del África subsahariana, a la que la prensa internacional presta atención casi exclusivamente para poner en evidencia su lucha desesperada por la supervivencia y la falta de respeto a sus más fundamentales derechos humanos. En este difícil contexto, nos preguntamos ¿cuál es la alternativa de América Latina? ¿Qué camino debemos seguir?

Cabe decir que, desafortunadamente, América Latina ha mantenido un comportamiento pendular. Ha oscilado entre autoritarismos, con algún grado de efímero apoyo popular mediante el recurso de construir clientelas políticas, y débiles democracias en formación, en las que los ciudadanos no se sienten representados ni, por tanto, satisfechos. La región ha pasado, una y otra vez, del intervencionismo económico hacia medidas de apertura y libertad económica parciales. Al hacerlo, pasaron por alto la necesidad de proporcionar y asegurar derechos de propiedad a sus mayorías nacionales, de contar con un poder judicial imparcial y garante de los derechos ciudadanos. Tampoco consiguieron dotarse de una infraestructura suficientemente fuerte, ni han podido lograr mercados fuertes y extendidos que resistan la interferencia de los poderes políticos, como tampoco han podido promover emprendimientos privados de manera generalizada.

De otro lado, pese a las reformas liberalizadoras de la década pasada, América Latina todavía mediatiza la inclusión de sus ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos, en particular de sus mujeres y de sus mayorías empobrecidas. Al haberse aplicado reformas, no siempre consistentes con el mercado, y de espaldas a la sociedad civil, sin convencerla de sus beneficios, éstas se encuentran hoy día bajo cuestión. No es un accidente, por tanto, que el Índice de la Libertad Económica del año 2003 señale que América Latina sea el continente que tuvo el desempeño más pobre y que la mayor parte de los países latinoamericanos hayan preferido mediatizar la libertad económica alcanzada. Como una comprobación de las tesis de Popper –siempre provisionales, para hacer honor a este gran filósofo– que rebatieron la teoría de la linealidad del progreso humano, la historia, al parecer, no miente: somos el continente del eterno retorno, en el que no se progresa. América Latina está tan atrapada que, hasta cierto punto, siempre se limita a cumplir el ritual de evaluar cada década pasada como década perdida. ¿Dónde está la capacidad de reacción?

Así, pues, hemos de romper este oscilar entre posiciones opuestas que se ha convertido en el principal lastre de nuestro esquivo desarrollo y que tiene, entre sus fuentes, la enorme debilidad de las instituciones que toda la región padece.

La alternativa de América Latina radica en la necesidad impostergable de lograr el cambio institucional en nuestras sociedades. Frente a este problema medular de nuestra hora actual, debemos, en primer lugar, hacer un mayor esfuerzo de análisis para definir el problema con la mayor precisión posible. Enseguida, sobre la base de nuestros principios y convicciones, debemos formular nuestra propuesta de cambio institucional y generar un amplio debate público que contribuya a su difusión y aceptación a lo largo de nuestro continente. Ahora, permítanme explicar en qué consiste, en mi opinión, esta debilidad institucional y dónde se origina. Luego, nos ocuparemos de las propuestas.

Cuando Douglass North estableció en su libro Estructura y Cambio en la Historia Económica, en 1984, sus tesis sobre las instituciones, se refería a algo incorpóreo e inasible: las normas que guían las conductas de las personas, a través de las cuales deciden seguir un curso de acción para sus vidas, contratan, viven y se organizan. Citando a North, “las instituciones son un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, y normas éticas y morales de comportamiento que se diseñan para restringir el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la riqueza o la utilidad de los gobernantes y sujetos principales de una sociedad”, siendo necesario resaltar que, para North, los “gobernantes” son los individuos considerados como consumidores.

En consecuencia, como las personas sólo pueden interactuar entre sí dentro del marco configurado por estas instituciones, éstas constituyen la base y la argamasa de organizaciones tales como los parlamentos, las cortes de justicia o los sindicatos, así como de las Constituciones y leyes que rigen, con mayor o menor suerte, en nuestros países. Pero North siempre advirtió que existe un sustrato todavía mas profundo con relación a las instituciones, y que éstas se originan por aquello que él definió con el término de “ideologías”. Éstas son construcciones sobre la realidad o, en palabras de North, “una forma comprensiva de entender el mundo (...) y (...) un juicio de valor sobre la justicia o limpieza de las instituciones y, en forma particular, de las relaciones de intercambio”.

Las ideologías, a su vez, se conforman sobre la base de percepciones, mitos y prejuicios, organizados en torno a una idea central, que se adquieren a lo largo de una vida y van conformando la psicología más íntima del actor humano, y por las cuales conforma sus normas de comportamiento. Sucede que todas o gran parte de las instituciones con las que los países de nuestra América han sido establecidos, se conducen a partir de ideologías y cosmovisiones que defienden intereses minoritarios y no dan cuenta de la realidad. Pese a ello, promovidas por esos intereses, se han extendido a toda la sociedad, inclusive a sus sectores dirigentes, tanto líderes políticos como empresariales, conformando lo que considero que se debe denominar el paradigma del subdesarrollo.

Según este paradigma del subdesarrollo, el progreso se podría dar como resultado de un juego de suma cero en el cual quien gana lo hace a costa del otro. Señala que las normas son sólo “poesías legales” –usando el término acuñado por Vargas Llosa– y que lo verdaderamente importante para tener bienestar es la voluntad política y el uso –o, más bien, abuso– que los dirigentes políticos hagan del poder. Establece que la razón de la pobreza en América Latina no es responsabilidad nuestra, sino de terceros, de la denominada ‘dependencia externa’. Además, considera a toda actividad empresarial, sin distinciones, como explotadora de sus trabajadores y perjudicial para el resto de la colectividad y, finalmente, identifica el afán de lucro y el individualismo como manifestaciones de egoísmo y de lesión permanente a los demás, que debe ser evitado a toda costa. Estos ejemplos y lugares comunes definen al paradigma del subdesarrollo, abundan por doquier y forman parte del imaginario que identifica tanto a un mexicano como a un boliviano, y a éstos con nuestros compatriotas.

Si queremos lograr el cambio institucional debemos cambiar este paradigma del subdesarrollo por el paradigma del progreso. ¿En qué consiste el paradigma del progreso? Consiste en definir al progreso como el resultado de una actividad en la que ambas partes ganan y que, justamente por ese doble beneficio, es realizado por los agentes económicos. Se manifiesta cuando la ley debe ser una defensa contra el poder y nunca su reflejo, siendo para ello indispensable que las Constituciones políticas tengan vida, sean sentidas y defendidas por los pueblos, que se establezcan como su principal patrimonio histórico y la mejor garantía para una pacífica y fructífera convivencia. Es decir, se debe pasar de instituciones neomercantilistas, generadoras de privilegios y prebendas y contrarias al pacto social que debe representar una Constitución, a instituciones que promuevan la libertad, la competencia y la responsabilidad social por el individuo.

El paradigma del progreso sostiene que el poder debe estar permanentemente limitado y que los políticos son servidores públicos cuyos jefes son todos los ciudadanos. A su vez, considera que nosotros, los latinoamericanos, somos responsables de nuestra miseria o prosperidad, y que, por tanto, podemos elegir entre permanecer en la pobreza o alcanzar el desarrollo. Manifiesta que una correcta actividad empresarial tiene como principal socio al trabajador, que esa asociación está animada por una competencia leal, nunca sobre la base de ventajas otorgadas por el Estado, con el objetivo de servir a los consumidores. Por fin, considera al afán de lucro y al individualismo como expresiones del ser humano como un ente extraordinario, único e irrepetible, dotado de autoconciencia, capacidad de elección y, sobre todo, libertad.

Este cambio de paradigma es, a mi juicio, la tarea primera y más importante que todos aquellos que defendemos el ideario de la libertad y la justicia debemos acometer. No es ésta una tarea sencilla ni se obtendrán resultados inmediatos, pero debemos iniciarla hoy si no queremos repetir los ciclos de indefinición y debilidad institucional que conforman nuestra historia. Por esta razón, debemos centrar nuestros esfuerzos en modificar todos los contenidos que conforman el paradigma del subdesarrollo instaurados en las sociedades latinoamericanas, influyendo en sus líderes políticos, judiciales, empresariales y sindicales, convenciéndolos de los beneficios del paradigma del progreso y convocándolos a esta causa.

En ese sentido, debemos convencerlos de que el camino a la prosperidad yace, como se ha señalado en el Índice de la Libertad Económica 2003 ya citado, en las genuinas realidades del comercio abierto, en una moneda sólida, en un marco regulatorio razonable y en la protección de los derechos de propiedad. En una palabra, debemos hacer de las sociedades civiles latinoamericanas los agentes del cambio del paradigma del subdesarrollo al paradigma del progreso.

Esto supone, por ejemplo, convencer a los líderes sindicales de que persistir en un sindicalismo caduco y en permanente conflicto con la empresa privada sólo nos hace permanecer en la pobreza. Supone que optar, por el contrario, por un sindicalismo moderno, que busca la competitividad y la innovación teniendo como aliados a los empresarios, es la ruta del futuro. Significa acercarse a los líderes de América Latina para hacerles notar que la libertad es el patrimonio moral de nuestras sociedades y que las normas éticas son indispensables para que el progreso asiente sus raíces en nuestro continente. Representa el reto de reflexionar con los intelectuales, y en particular con los más jóvenes, para demostrarles que no existe un conflicto irresoluble entre estos “críticos modernos” que son los intelectuales de hoy, y el mercado. Se debe propugnar una correspondencia entre el mundo de las ideas y la realidad del mercado y su necesidad de constante expansión.

Además, se debe señalar permanentemente a los empresarios –los principales impulsores del mercado– que lo que garantiza el éxito es la competencia y no el privilegio del decreto. Del mismo modo, la transformación de nuestros jueces y magistrados en verdaderos administradores de justicia es indispensable para garantizar el éxito del cambio institucional. La profunda transformación de su rol es esencial para establecer una justicia imparcial y eficiente, siendo las reformas del sistema de administración de justicia un requisito para tender hacia ese fin. Finalmente, los políticos –la punta del iceberg de la sociedad civil– deben ser nuestros principales servidores y garantizar, mediante pactos y acuerdos, que la alternancia del poder no debe suponer el quiebre de las instituciones ni el cambio de las políticas de Estado, sino el respeto a la palabra empeñada con los electores y la sociedad.

La segunda tarea que debemos abordar con seriedad, energía y sentido de urgencia para alcanzar este cambio de paradigmas, es la transformación de la educación en América Latina. Diversos estudios han demostrado que la principal correa de transmisión de estas ideas erróneas en nuestro continente ha sido el proceso de formación de los jóvenes en la región. Es por demás evidente que, salvo honrosas excepciones, se advierte una clamorosa ausencia del pensamiento liberal y de las prácticas de la libertad en las ideas que los maestros brindan a nuestros hijos.

En las escuelas y en las universidades no se educa, siquiera, con una interpretación objetiva de la historia latinoamericana. Por el contrario, en la inmensa mayoría de ellas prima una cosmovisión colectivista, en todas sus manifestaciones y aspectos, que contradice los principios esenciales sobre los cuales se ha desarrollado el progreso a través del mercado.

Asimismo, se ha pasado por alto la enorme influencia que el maestro de escuela tiene en la formación de la opinión y las ideas que dan origen a las instituciones por las que se rigen los latinoamericanos y –lo que es más grave– no se advierten la debilidad y vacíos en su formación. En efecto, de acuerdo con Carlos Tunermann, ex Ministro de Educación de Honduras, según los datos que incorporó en su estudio La educación para el siglo XXI, el 72% por ciento de los maestros en el ámbito regional labora en el sector público, la mayoría de los cuales carece de una formación pedagógica adecuada.

Para grandes sectores de nuestra población, en toda la región, los maestros son la única opinión cultivada y constituyen, casi exclusivamente, los “tomadores de segunda mano de ideas” que Hayek consideraba tan necesarios para la conformación de la opinión pública. Se sabe que los maestros, altamente sindicalizados y politizados, han mantenido un claro protagonismo en diversas crisis recientes en la región.

Así, la educación en la región está en crisis. La duración de la jornada escolar en América Latina es de entre 100 y 120 días, muy inferior a la de Japón (253 días), Alemania (210 días) y los Estados Unidos (180 días). Conforme a la UNESCO, la mitad de los adultos de América Latina, sobre todo los más pobres, no puede comprender lo que lee, ni comunicar mensajes simples por escrito, ni hace uso en su vida cotidiana de lo que ha habría aprendido repitiendo de memoria. Resulta claro que las mayorías latinoamericanas definen sus referentes y visiones sobre su entorno, su vida, su historia y su futuro, en función de las ideas, opiniones y mitos ideológicos que sus maestros les inculcan. Lo que se recibe con posterioridad por los medios de comunicación y las distintas modalidades de formación de opinión se agrega –pero no modifica en lo esencial– este cuerpo de ideas a los cuales adscriben los latinoamericanos, y que constituye la verdadera base de sus instituciones.

Lograr el cambio de paradigma que los profesores de América Latina ofrecen a sus estudiantes es un componente fundamental del cambio institucional. Si no trabajamos intensamente, Gobiernos, institutos de investigación y formadores de opinión que defendemos la libertad, para cambiar este paradigma en la educación latinoamericana, no será posible alcanzar plenamente una democracia al servicio de los ciudadanos, una economía de mercado viable ni un Estado de Derecho. Si no formamos a los maestros en el ideario de los beneficios y la naturaleza positivamente moral del paradigma del progreso, nuestros connacionales continuarán conviviendo con instituciones que no reconocen como suyas. De seguir ignorando el papel de la educación y de los maestros en ella, los ciudadanos continuarán siendo embelesados o hasta hechizados por dirigentes providenciales, salvadores de la patria y demagogos, y seguirán siendo víctimas de mitos, como el del origen de su pobreza, entre otros. La tarea que nos corresponde desde cada una de nuestras actividades es, a mi juicio, ampliar y mejorar el acceso a las ideas del progreso, especialmente a los maestros latinoamericanos.

Por consiguiente, también debemos reconocer al cambio en la educación como una respuesta a la crisis de la sociedad latinoamericana contemporánea, en la que el aprendizaje deliberado y consciente constituya la posibilidad de alcanzar las instituciones que les proporcionen a los latinoamericanos el progreso que tanto necesitamos, así como reconocer el valor estratégico del conocimiento incorporado en las personas, que son, en tanto actores en el mercado como en la sociedad civil, los auténticos agentes del cambio institucional.

Además, los institutos de investigación, los intelectuales y formadores de opinión comprometidos con las ideas de la libertad, además de los políticos que adscriben a estas

ideas, deberán integrar sus esfuerzos para elevar la calidad de nuestros sistemas educativos y la preparación de los habitantes de América Latina al más alto nivel posible. Ese esfuerzo adicional permitirá a la región estar en mejores condiciones de competitividad en el contexto de incesantes transformaciones, cambiantes requerimientos del mundo laboral y perspectivas de crecimiento en que se encuentra el mundo.

No podemos dejar de reparar en lo que ocurre a nuestro alrededor y, por tanto, es nuestra responsabilidad acelerar ese cambio si queremos generar instituciones que sean respetadas en la región y hacer competitivas a nuestras economías. Debemos romper definitivamente con el mito de que nuestra riqueza se encuentra en nuestros recursos naturales. Este mito ideológico –que constituye otra pista falsa hacia esquemas de producción erróneos– es lo que nos ha impedido concentrar nuestros esfuerzos en las personas y en su capital humano.

Siendo la educación el primer formador de las instituciones, los medios de comunicación deben ser considerados como el segundo formador institucional y los políticos como agentes decisivos en ese nivel de formación.

En la actualidad, cuando es evidente la convergencia tecnológica de las comunicaciones y la creciente importancia del sector de servicios intensivos en conocimiento, debemos concentrar nuestros esfuerzos en permitir el mayor acceso de los latinoamericanos a todas las fuentes de información posible, lo que supone incrementar los márgenes de desregulación y liberalización de los canales y contenidos de la información y el conocimiento. Esto permitirá que los latinoamericanos tengan a su alcance respuestas diversas para el logro de su progreso. Asimismo, en medio de esa diversidad informativa, los promotores del ideario liberal deberán poner sus esfuerzos en dar a conocer sus opciones del modo más creativo posible a fin de obtener éxito en tal difusión.

Con relación a los políticos, es preciso señalar que, en la medida en que no realicemos un idéntico esfuerzo al ya descrito anteriormente para promover partidos que defiendan claramente las ideas de la libertad, estará ausente un componente esencial de esta ecuación para el cambio de paradigma hacia el desarrollo.

En ese sentido, hemos de insistir en que es importante promover que los partidos políticos en general, y los partidos liberales en particular, también sean promotores del cambio institucional. De allí que sea esencial promover las reformas –como las diseñadas recientemente en el Perú– por conseguir que los partidos se estructuren de abajo hacia arriba y promuevan en forma permanente el ejercicio de la política como un servicio publico signado por la austeridad, la eficiencia, la honestidad y la transparencia.

Entonces, partidos modernos, que coloquen al cambio institucional como punto prioritario de su agenda, podrán generar mayores oportunidades para la apertura de los mercados, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la democracia que aquellos que simplemente se limiten a ejecutar un programa coyuntural pues, al no haber invertido en el cambio institucional, tal partido y tal programa serán débiles y siempre se correrá el riesgo de que se revierta lo alcanzado una vez concluido el mandato otorgado por los electores.

Estimados amigos:

Una tarea tan importante como la del cambio de paradigma del subdesarrollo por el paradigma del progreso –y el cambio institucional consecuente– requiere el concurso de gente tan valiosa y comprometida como las que están hoy reunidas aquí. Si tan sólo pudiéramos iniciar el camino de una América Latina en la que nuestros ciudadanos reconozcan las leyes que los rigen como suyas, que vean en sus organizaciones el medio para alcanzar su progreso material y sentar las bases de un porvenir claro y seguro para sus hijos, que confíen en sus políticos como en sus mejores servidores públicos y reconozcan en sus maestros a los cultivadores de sus espíritus, y que, en los hechos, podamos transitar libremente desde el Golfo de México hasta la Patagonia, en donde el intercambio de bienes, servicios y culturas puedan realizarse sin restricciones antes que discurrir en las mutuas desconfianzas al interior de nuestra región, ningún esfuerzo seria pequeño ni valdría más en su resolución.

Quiero invitarlos a poner sus talentos –sin corsés ni desconfianzas– en pos de esa meta, apelar en su creatividad e inventiva a las infinitas posibilidades de progreso que un continente como el nuestro sea libre.

Antes que nosotros, personalidades como Juan Bautista Alberdi, Carlos Rangel y muchos otros pusieron en ese empeño sus vidas y sus obras, que hoy son testimonio de sus logros y desventuras. Es mi mayor esperanza que podamos nosotros lograr este viraje definitivo y sin retorno hacia la libertad para América Latina.

Muchas gracias.

Bogotá, 6 de noviembre del 2003.

Distinguido señor Mario Vargas Llosa, Presidente de la Fundación Internacional de la Libertad.

Estimado Gerardo Bongiovanni, Director Ejecutivo de la Fundación Internacional de la Libertad.

Señoras y señores.

Acudo a esta cita, abrumada por el honor que involucra la invitación personal que me cursó la Fundación Internacional de la Libertad, creada con el propósito de defender al sistema democrático, al Estado de Derecho y la Economía de Mercado como los pilares del desarrollo en nuestro continente. Esta reunión, en la que reflexionaremos sobre los problemas y posibilidades de América Latina, es alentada por las más sinceras y profundas convicciones sobre el destino final de la libertad de los latinoamericanos.

Todos conocemos la permanente preocupación de Mario Vargas Llosa por el progreso de nuestra región. Le agradecemos su liderazgo intelectual y civil, que nos congrega. Pero, además, como una inmensa legión de latinoamericanos, tengo la esperanza de que sus reflexiones y propuestas se hagan realidad en nuestros países.

Éste es un momento inédito en nuestra historia. Si bien se creía firmemente que el adormecimiento producido por las economías centralizadas había concluido en un despertar definitivo hacia la libertad y que, finalmente, se había encontrado un camino, el de la libertad, la democracia y la ciencia, que nos conduciría al progreso y hacia etapas cada vez más altas de bienestar material, hoy –en cambio– todo nuestro ámbito está signado por la inseguridad.

Hoy en día, la ruta que creíamos despejada aparece sembrada de obstáculos. Tal parece que los viejos fantasmas del intervencionismo, la revolución y el nacionalismo nunca se erradicaron del todo y ahora recobran una fuerza que es capaz de echar por tierra los esfuerzos democráticos.

En efecto, en estos momentos observamos que los objetivos de seguridad global –la lucha frontal contra el terrorismo– parecen constituir el punto de una agenda central desde la perspectiva norteamericana, pese a los serios problemas de déficit presupuestal y a los reveses en las discusiones sobre la definición de nuevas relaciones económicas internacionales que tal situación les genera.

En la actualidad observamos que Europa avanza en su unidad política, económica y cultural, enfrenta las dificultades de sus Estados de Bienestar y se esfuerza por conseguir una Constitución Europea definitiva, la que entraría en conflicto y ayudaría a superar los nacionalismos que persisten. Vemos al continente asiático enfrascado en una tensión singular debido al conflicto que supone el intenso ritmo de crecimiento económico logrado a través de la economía de mercado libre y la resistencia a realizar reformas políticas que les permitan un avance paralelo en materia de derechos civiles y políticos.

Por otra parte, asistimos a la cruenta confrontación que subsiste entre pueblos en el Oriente Medio con sus terribles consecuencias, así como a la condena a todas las formas de terrorismo que aún imperan en esa castigada región. Y nos compadecemos de los pueblos del África subsahariana, a la que la prensa internacional presta atención casi exclusivamente para poner en evidencia su lucha desesperada por la supervivencia y la falta de respeto a sus más fundamentales derechos humanos. En este difícil contexto, nos preguntamos ¿cuál es la alternativa de América Latina? ¿Qué camino debemos seguir?

Cabe decir que, desafortunadamente, América Latina ha mantenido un comportamiento pendular. Ha oscilado entre autoritarismos, con algún grado de efímero apoyo popular mediante el recurso de construir clientelas políticas, y débiles democracias en formación, en las que los ciudadanos no se sienten representados ni, por tanto, satisfechos. La región ha pasado, una y otra vez, del intervencionismo económico hacia medidas de apertura y libertad económica parciales. Al hacerlo, pasaron por alto la necesidad de proporcionar y asegurar derechos de propiedad a sus mayorías nacionales, de contar con un poder judicial imparcial y garante de los derechos ciudadanos. Tampoco consiguieron dotarse de una infraestructura suficientemente fuerte, ni han podido lograr mercados fuertes y extendidos que resistan la interferencia de los poderes políticos, como tampoco han podido promover emprendimientos privados de manera generalizada.

De otro lado, pese a las reformas liberalizadoras de la década pasada, América Latina todavía mediatiza la inclusión de sus ciudadanos y el reconocimiento de sus derechos, en particular de sus mujeres y de sus mayorías empobrecidas. Al haberse aplicado reformas, no siempre consistentes con el mercado, y de espaldas a la sociedad civil, sin convencerla de sus beneficios, éstas se encuentran hoy día bajo cuestión. No es un accidente, por tanto, que el Índice de la Libertad Económica del año 2003 señale que América Latina sea el continente que tuvo el desempeño más pobre y que la mayor parte de los países latinoamericanos hayan preferido mediatizar la libertad económica alcanzada. Como una comprobación de las tesis de Popper –siempre provisionales, para hacer honor a este gran filósofo– que rebatieron la teoría de la linealidad del progreso humano, la historia, al parecer, no miente: somos el continente del eterno retorno, en el que no se progresa. América Latina está tan atrapada que, hasta cierto punto, siempre se limita a cumplir el ritual de evaluar cada década pasada como década perdida. ¿Dónde está la capacidad de reacción?

Así, pues, hemos de romper este oscilar entre posiciones opuestas que se ha convertido en el principal lastre de nuestro esquivo desarrollo y que tiene, entre sus fuentes, la enorme debilidad de las instituciones que toda la región padece.

La alternativa de América Latina radica en la necesidad impostergable de lograr el cambio institucional en nuestras sociedades. Frente a este problema medular de nuestra hora actual, debemos, en primer lugar, hacer un mayor esfuerzo de análisis para definir el problema con la mayor precisión posible. Enseguida, sobre la base de nuestros principios y convicciones, debemos formular nuestra propuesta de cambio institucional y generar un amplio debate público que contribuya a su difusión y aceptación a lo largo de nuestro continente. Ahora, permítanme explicar en qué consiste, en mi opinión, esta debilidad institucional y dónde se origina. Luego, nos ocuparemos de las propuestas.

Cuando Douglass North estableció en su libro Estructura y Cambio en la Historia Económica, en 1984, sus tesis sobre las instituciones, se refería a algo incorpóreo e inasible: las normas que guían las conductas de las personas, a través de las cuales deciden seguir un curso de acción para sus vidas, contratan, viven y se organizan. Citando a North, “las instituciones son un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y cumplimiento de las mismas, y normas éticas y morales de comportamiento que se diseñan para restringir el comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la riqueza o la utilidad de los gobernantes y sujetos principales de una sociedad”, siendo necesario resaltar que, para North, los “gobernantes” son los individuos considerados como consumidores.

En consecuencia, como las personas sólo pueden interactuar entre sí dentro del marco configurado por estas instituciones, éstas constituyen la base y la argamasa de organizaciones tales como los parlamentos, las cortes de justicia o los sindicatos, así como de las Constituciones y leyes que rigen, con mayor o menor suerte, en nuestros países. Pero North siempre advirtió que existe un sustrato todavía mas profundo con relación a las instituciones, y que éstas se originan por aquello que él definió con el término de “ideologías”. Éstas son construcciones sobre la realidad o, en palabras de North, “una forma comprensiva de entender el mundo (...) y (...) un juicio de valor sobre la justicia o limpieza de las instituciones y, en forma particular, de las relaciones de intercambio”.

Las ideologías, a su vez, se conforman sobre la base de percepciones, mitos y prejuicios, organizados en torno a una idea central, que se adquieren a lo largo de una vida y van conformando la psicología más íntima del actor humano, y por las cuales conforma sus normas de comportamiento. Sucede que todas o gran parte de las instituciones con las que los países de nuestra América han sido establecidos, se conducen a partir de ideologías y cosmovisiones que defienden intereses minoritarios y no dan cuenta de la realidad. Pese a ello, promovidas por esos intereses, se han extendido a toda la sociedad, inclusive a sus sectores dirigentes, tanto líderes políticos como empresariales, conformando lo que considero que se debe denominar el paradigma del subdesarrollo.

Según este paradigma del subdesarrollo, el progreso se podría dar como resultado de un juego de suma cero en el cual quien gana lo hace a costa del otro. Señala que las normas son sólo “poesías legales” –usando el término acuñado por Vargas Llosa– y que lo verdaderamente importante para tener bienestar es la voluntad política y el uso –o, más bien, abuso– que los dirigentes políticos hagan del poder. Establece que la razón de la pobreza en América Latina no es responsabilidad nuestra, sino de terceros, de la denominada ‘dependencia externa’. Además, considera a toda actividad empresarial, sin distinciones, como explotadora de sus trabajadores y perjudicial para el resto de la colectividad y, finalmente, identifica el afán de lucro y el individualismo como manifestaciones de egoísmo y de lesión permanente a los demás, que debe ser evitado a toda costa. Estos ejemplos y lugares comunes definen al paradigma del subdesarrollo, abundan por doquier y forman parte del imaginario que identifica tanto a un mexicano como a un boliviano, y a éstos con nuestros compatriotas.

Si queremos lograr el cambio institucional debemos cambiar este paradigma del subdesarrollo por el paradigma del progreso. ¿En qué consiste el paradigma del progreso? Consiste en definir al progreso como el resultado de una actividad en la que ambas partes ganan y que, justamente por ese doble beneficio, es realizado por los agentes económicos. Se manifiesta cuando la ley debe ser una defensa contra el poder y nunca su reflejo, siendo para ello indispensable que las Constituciones políticas tengan vida, sean sentidas y defendidas por los pueblos, que se establezcan como su principal patrimonio histórico y la mejor garantía para una pacífica y fructífera convivencia. Es decir, se debe pasar de instituciones neomercantilistas, generadoras de privilegios y prebendas y contrarias al pacto social que debe representar una Constitución, a instituciones que promuevan la libertad, la competencia y la responsabilidad social por el individuo.

El paradigma del progreso sostiene que el poder debe estar permanentemente limitado y que los políticos son servidores públicos cuyos jefes son todos los ciudadanos. A su vez, considera que nosotros, los latinoamericanos, somos responsables de nuestra miseria o prosperidad, y que, por tanto, podemos elegir entre permanecer en la pobreza o alcanzar el desarrollo. Manifiesta que una correcta actividad empresarial tiene como principal socio al trabajador, que esa asociación está animada por una competencia leal, nunca sobre la base de ventajas otorgadas por el Estado, con el objetivo de servir a los consumidores. Por fin, considera al afán de lucro y al individualismo como expresiones del ser humano como un ente extraordinario, único e irrepetible, dotado de autoconciencia, capacidad de elección y, sobre todo, libertad.

Este cambio de paradigma es, a mi juicio, la tarea primera y más importante que todos aquellos que defendemos el ideario de la libertad y la justicia debemos acometer. No es ésta una tarea sencilla ni se obtendrán resultados inmediatos, pero debemos iniciarla hoy si no queremos repetir los ciclos de indefinición y debilidad institucional que conforman nuestra historia. Por esta razón, debemos centrar nuestros esfuerzos en modificar todos los contenidos que conforman el paradigma del subdesarrollo instaurados en las sociedades latinoamericanas, influyendo en sus líderes políticos, judiciales, empresariales y sindicales, convenciéndolos de los beneficios del paradigma del progreso y convocándolos a esta causa.

En ese sentido, debemos convencerlos de que el camino a la prosperidad yace, como se ha señalado en el Índice de la Libertad Económica 2003 ya citado, en las genuinas realidades del comercio abierto, en una moneda sólida, en un marco regulatorio razonable y en la protección de los derechos de propiedad. En una palabra, debemos hacer de las sociedades civiles latinoamericanas los agentes del cambio del paradigma del subdesarrollo al paradigma del progreso.

Esto supone, por ejemplo, convencer a los líderes sindicales de que persistir en un sindicalismo caduco y en permanente conflicto con la empresa privada sólo nos hace permanecer en la pobreza. Supone que optar, por el contrario, por un sindicalismo moderno, que busca la competitividad y la innovación teniendo como aliados a los empresarios, es la ruta del futuro. Significa acercarse a los líderes de América Latina para hacerles notar que la libertad es el patrimonio moral de nuestras sociedades y que las normas éticas son indispensables para que el progreso asiente sus raíces en nuestro continente. Representa el reto de reflexionar con los intelectuales, y en particular con los más jóvenes, para demostrarles que no existe un conflicto irresoluble entre estos “críticos modernos” que son los intelectuales de hoy, y el mercado. Se debe propugnar una correspondencia entre el mundo de las ideas y la realidad del mercado y su necesidad de constante expansión.

Además, se debe señalar permanentemente a los empresarios –los principales impulsores del mercado– que lo que garantiza el éxito es la competencia y no el privilegio del decreto. Del mismo modo, la transformación de nuestros jueces y magistrados en verdaderos administradores de justicia es indispensable para garantizar el éxito del cambio institucional. La profunda transformación de su rol es esencial para establecer una justicia imparcial y eficiente, siendo las reformas del sistema de administración de justicia un requisito para tender hacia ese fin. Finalmente, los políticos –la punta del iceberg de la sociedad civil– deben ser nuestros principales servidores y garantizar, mediante pactos y acuerdos, que la alternancia del poder no debe suponer el quiebre de las instituciones ni el cambio de las políticas de Estado, sino el respeto a la palabra empeñada con los electores y la sociedad.

La segunda tarea que debemos abordar con seriedad, energía y sentido de urgencia para alcanzar este cambio de paradigmas, es la transformación de la educación en América Latina. Diversos estudios han demostrado que la principal correa de transmisión de estas ideas erróneas en nuestro continente ha sido el proceso de formación de los jóvenes en la región. Es por demás evidente que, salvo honrosas excepciones, se advierte una clamorosa ausencia del pensamiento liberal y de las prácticas de la libertad en las ideas que los maestros brindan a nuestros hijos.

En las escuelas y en las universidades no se educa, siquiera, con una interpretación objetiva de la historia latinoamericana. Por el contrario, en la inmensa mayoría de ellas prima una cosmovisión colectivista, en todas sus manifestaciones y aspectos, que contradice los principios esenciales sobre los cuales se ha desarrollado el progreso a través del mercado.

Asimismo, se ha pasado por alto la enorme influencia que el maestro de escuela tiene en la formación de la opinión y las ideas que dan origen a las instituciones por las que se rigen los latinoamericanos y –lo que es más grave– no se advierten la debilidad y vacíos en su formación. En efecto, de acuerdo con Carlos Tunermann, ex Ministro de Educación de Honduras, según los datos que incorporó en su estudio La educación para el siglo XXI, el 72% por ciento de los maestros en el ámbito regional labora en el sector público, la mayoría de los cuales carece de una formación pedagógica adecuada.

Para grandes sectores de nuestra población, en toda la región, los maestros son la única opinión cultivada y constituyen, casi exclusivamente, los “tomadores de segunda mano de ideas” que Hayek consideraba tan necesarios para la conformación de la opinión pública. Se sabe que los maestros, altamente sindicalizados y politizados, han mantenido un claro protagonismo en diversas crisis recientes en la región.

Así, la educación en la región está en crisis. La duración de la jornada escolar en América Latina es de entre 100 y 120 días, muy inferior a la de Japón (253 días), Alemania (210 días) y los Estados Unidos (180 días). Conforme a la UNESCO, la mitad de los adultos de América Latina, sobre todo los más pobres, no puede comprender lo que lee, ni comunicar mensajes simples por escrito, ni hace uso en su vida cotidiana de lo que ha habría aprendido repitiendo de memoria. Resulta claro que las mayorías latinoamericanas definen sus referentes y visiones sobre su entorno, su vida, su historia y su futuro, en función de las ideas, opiniones y mitos ideológicos que sus maestros les inculcan. Lo que se recibe con posterioridad por los medios de comunicación y las distintas modalidades de formación de opinión se agrega –pero no modifica en lo esencial– este cuerpo de ideas a los cuales adscriben los latinoamericanos, y que constituye la verdadera base de sus instituciones.

Lograr el cambio de paradigma que los profesores de América Latina ofrecen a sus estudiantes es un componente fundamental del cambio institucional. Si no trabajamos intensamente, Gobiernos, institutos de investigación y formadores de opinión que defendemos la libertad, para cambiar este paradigma en la educación latinoamericana, no será posible alcanzar plenamente una democracia al servicio de los ciudadanos, una economía de mercado viable ni un Estado de Derecho. Si no formamos a los maestros en el ideario de los beneficios y la naturaleza positivamente moral del paradigma del progreso, nuestros connacionales continuarán conviviendo con instituciones que no reconocen como suyas. De seguir ignorando el papel de la educación y de los maestros en ella, los ciudadanos continuarán siendo embelesados o hasta hechizados por dirigentes providenciales, salvadores de la patria y demagogos, y seguirán siendo víctimas de mitos, como el del origen de su pobreza, entre otros. La tarea que nos corresponde desde cada una de nuestras actividades es, a mi juicio, ampliar y mejorar el acceso a las ideas del progreso, especialmente a los maestros latinoamericanos.

Por consiguiente, también debemos reconocer al cambio en la educación como una respuesta a la crisis de la sociedad latinoamericana contemporánea, en la que el aprendizaje deliberado y consciente constituya la posibilidad de alcanzar las instituciones que les proporcionen a los latinoamericanos el progreso que tanto necesitamos, así como reconocer el valor estratégico del conocimiento incorporado en las personas, que son, en tanto actores en el mercado como en la sociedad civil, los auténticos agentes del cambio institucional.

Además, los institutos de investigación, los intelectuales y formadores de opinión comprometidos con las ideas de la libertad, además de los políticos que adscriben a estas ideas, deberán integrar sus esfuerzos para elevar la calidad de nuestros sistemas educativos y la preparación de los habitantes de América Latina al más alto nivel posible. Ese esfuerzo adicional permitirá a la región estar en mejores condiciones de competitividad en el contexto de incesantes transformaciones, cambiantes requerimientos del mundo laboral y perspectivas de crecimiento en que se encuentra el mundo.

No podemos dejar de reparar en lo que ocurre a nuestro alrededor y, por tanto, es nuestra responsabilidad acelerar ese cambio si queremos generar instituciones que sean respetadas en la región y hacer competitivas a nuestras economías. Debemos romper definitivamente con el mito de que nuestra riqueza se encuentra en nuestros recursos naturales. Este mito ideológico –que constituye otra pista falsa hacia esquemas de producción erróneos– es lo que nos ha impedido concentrar nuestros esfuerzos en las personas y en su capital humano.

Siendo la educación el primer formador de las instituciones, los medios de comunicación deben ser considerados como el segundo formador institucional y los políticos como agentes decisivos en ese nivel de formación.

En la actualidad, cuando es evidente la convergencia tecnológica de las comunicaciones y la creciente importancia del sector de servicios intensivos en conocimiento, debemos concentrar nuestros esfuerzos en permitir el mayor acceso de los latinoamericanos a todas las fuentes de información posible, lo que supone incrementar los márgenes de desregulación y liberalización de los canales y contenidos de la información y el conocimiento. Esto permitirá que los latinoamericanos tengan a su alcance respuestas diversas para el logro de su progreso. Asimismo, en medio de esa diversidad informativa, los promotores del ideario liberal deberán poner sus esfuerzos en dar a conocer sus opciones del modo más creativo posible a fin de obtener éxito en tal difusión.

Con relación a los políticos, es preciso señalar que, en la medida en que no realicemos un idéntico esfuerzo al ya descrito anteriormente para promover partidos que defiendan claramente las ideas de la libertad, estará ausente un componente esencial de esta ecuación para el cambio de paradigma hacia el desarrollo.

En ese sentido, hemos de insistir en que es importante promover que los partidos políticos en general, y los partidos liberales en particular, también sean promotores del cambio institucional. De allí que sea esencial promover las reformas –como las diseñadas recientemente en el Perú– por conseguir que los partidos se estructuren de abajo hacia arriba y promuevan en forma permanente el ejercicio de la política como un servicio publico signado por la austeridad, la eficiencia, la honestidad y la transparencia.

Entonces, partidos modernos, que coloquen al cambio institucional como punto prioritario de su agenda, podrán generar mayores oportunidades para la apertura de los mercados, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la democracia que aquellos que simplemente se limiten a ejecutar un programa coyuntural pues, al no haber invertido en el cambio institucional, tal partido y tal programa serán débiles y siempre se correrá el riesgo de que se revierta lo alcanzado una vez concluido el mandato otorgado por los electores.

Estimados amigos:

Una tarea tan importante como la del cambio de paradigma del subdesarrollo por el paradigma del progreso –y el cambio institucional consecuente– requiere el concurso de gente tan valiosa y comprometida como las que están hoy reunidas aquí. Si tan sólo pudiéramos iniciar el camino de una América Latina en la que nuestros ciudadanos reconozcan las leyes que los rigen como suyas, que vean en sus organizaciones el medio para alcanzar su progreso material y sentar las bases de un porvenir claro y seguro para sus hijos, que confíen en sus políticos como en sus mejores servidores públicos y reconozcan en sus maestros a los cultivadores de sus espíritus, y que, en los hechos, podamos transitar libremente desde el Golfo de México hasta la Patagonia, en donde el intercambio de bienes, servicios y culturas puedan realizarse sin restricciones antes que discurrir en las mutuas desconfianzas al interior de nuestra región, ningún esfuerzo seria pequeño ni valdría más en su resolución.

Quiero invitarlos a poner sus talentos –sin corsés ni desconfianzas– en pos de esa meta, apelar en su creatividad e inventiva a las infinitas posibilidades de progreso que un continente como el nuestro sea libre.

Antes que nosotros, personalidades como Juan Bautista Alberdi, Carlos Rangel y muchos otros pusieron en ese empeño sus vidas y sus obras, que hoy son testimonio de sus logros y desventuras. Es mi mayor esperanza que podamos nosotros lograr este viraje definitivo y sin retorno hacia la libertad para América Latina.

Muchas gracias.