Ponencias

MARIA ANASTASIA O'GRADY

En Colombia, ¿Son “Refugios Seguros” o Refugios de las FARC?

Cuando el Presidente colombiano, Alvaro Uribe, se atrevió a decir, en un discurso pronunciado en septiembre que en este país algunos grupos de "derechos humanos" son en realidad testaferros para los grupos terroristas, la izquierda local e internacional se sintió gravemente ofendida.

El Senador Chris Dodd, del estado de Connecticut, quien tiene una conocida debilidad por la izquierda latinoamericana, ofreció un piadoso sermón: "es imperativo que la administración continúe recalcando al [Sr. Uribe] la importancia de los valores democráticos, tales como el respecto por los derechos humanos y la libre expresión."

Esperemos que el Senador Dodd no esté a dieta, porque el creíble testimonio que se me ha presentado y que probáblemente será investigado por las autoridades gubernamentales, sugiere que es posible que muy pronto él tenga que comerse sus palabras. El Sr. Uribe símplemente expreso algo que cada vez es más evidente, pero que hasta ese momento pocos políticos han tenido el valor de tratar. El testimonio a que me refiero no ha sido confirmado por fuentes independientes, pero, con base en mi conocimiento de la región y las inclinaciones políticas de ciertas ONG, parece totalmente plausible. Viene del norte de Colombia en donde, para operar, los rebeldes dependen del acceso a cruciales rutas terrestres y fluviales para movilizar drogas y armas dentro y fuera del país. Las personas que se han presentado afirman que las "comunidades de paz" de las ONG sembradas a lo largo de esas líneas de suministro, y a las que el estado colombiano ha concedido autonomía, se han convertido en refugios seguros para estas guerrillas narcotraficantes. Las víctimas más inmediatas de este desarrollo están entre las poblaciones más vulnerables de Colombia.

Las raíces de la violencia sufrida por las poblaciones mayoritariamente afrocolombianas e indígenas que habitan estas regiones – el Chocó y el Urabá -- datan del inicio de los años 60, cuando los insurgentes comunistas y sus brazos políticos comenzaron a trabajar para lograr el control del territorio. Adelantando rápidamente a la mitad de la década del 90, lo que se encuentra es una red revolucionaria fuertemente establecida, con rebeldes que circulan vestidos con uniformes militares y portan AK-47s y prohiben a los campesinos la libre circulación dentro y fuera de sus comunidades y descaradamente roban animales y productos agrícolas. El principal grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se involucró activamente en el negocio de la cocaína, intercambiando el producto por armas y municiones a través de la frontera panameña. Cuando los combatientes paramilitares entraron a la región para enfrentar a las FARC, los aterrorizados campesinos huyeron buscando salvar sus vidas.

A comienzos de 1.997, la diócesis de la iglesia católica en Apartadó propuso la creación de zonas neutrales que permitirían que la población desplazada volviera a sus tierras sin temer a los paramilitares ni a las guerrillas. La administración de esta propuesta, que prometía el desarme total de todos los actores dentro de la "comunidad de paz" de San José de Apartadó, fue entregada principalmente, a la Comisión intercongresional Justicia y Paz, una ONG colombiana. Justicia ha contado con el apoyo de Amnistía Internacional y de las Brigadas Internacionales de Paz.

En el 2.000, una comunidad similar fue establecida al otro lado del río Atrato, en la cuenca del río Cacarica. De las 700 familias originalmente desplazadas de Cacarica, solamente 200 estuvieron de acuerdo con regresar y vivir bajo la administración de la ONG.

Ésta parecía ser una idea bien intencionada, pero el resultado parece haber sido la creación de un refugio seguro para los rebeldes. Juzgando por el testimonio de los habitantes locales, estos fueron privados de cualquier voz en su propio gobierno. El control fue asumido por “lideres” comunitarios entrenados por las FARC. Estos líderes, dice el testimonio, continuamente distribuyen propaganda antigubernamental y obstruyen los esfuerzos del Estado para cumplir con sus responsabilidades. No se permite el ingreso de profesores acreditados. En su lugar, los “educadores” preferidos son estudiantes de secundaria. Un objetivo principal es encontrar reclutas para las FARC.

Se alega que dentro de estas comunidades selladas se permite a los miembros de las FARC dormir, comer, transitar, almacenar armas y drogas y esconderse de las autoridades. Se dice que estos toman parte en las reuniones de los Consejos de Gobierno. Existen testimonios sobre la “desaparición” de opositores a las políticas de la comunidad. Las autoridades gubernamentales están bloqueadas y no se les permite investigar los asesinatos y las desapariciones.

Adicionalmente, se alega que quienes están en control desvían la ayuda internacional y doméstica dirigida para la población, venden suministros a los laboratorios de cocaína y compran las tierras de los campesinos. Los proyectos agrícolas y de vivienda han fracasado debido a la falta de cooperación con personal externo, la carencia de mano de obra calificada y la mala planeación.

La gente vivía "10 veces" mejor antes del desplazamiento, afirma un residente local. "No había ayuda, pero la gente trabajaba y se ganaba su sustento." Ahora "es inhumano." Muchos de los residentes de las minúsculas comunidades viven en pequeñas casas fabricadas con hojas de los árboles y están subalimentados. Quizás lo más conspicuamente malo de todo esto es el uso del miedo para mantener a la población en ese lugar, de tal manera que, ésta sirva como escudo humano contra posibles desafíos militares por parte del Estado o de los grupos paramilitares.

El 9 de septiembre, Justicia y Paz respondió a algunas de estas alegaciones en una carta abierta dirigida a la comunidad internacional de derechos humanos. Reclamaba, entre otras cosas, que el gobierno no había cumplido con la entrega de la ayuda prometida y que los críticos del grupo "interpretan cualquier contacto con los insurgentes, en defensa de la misma comunidad, como si fuera una actividad coordinada con ellos."

Cuando estas alegaciones se hagan públicas, como parece probable, los acusadores serán denunciados como agentes paramilitares que están mintiendo. Con todo, a menos que Justicia y Paz acuerde un cierto nivel mínimo de rendición de cuentas, será difícil hacer caso omiso de las expresiones de miseria contenidas en el testimonio. De hecho, ese tipo de abusos ya son algo conocido, pues reflejan lo que hicieron las guerrillas en el sur de Colombia, cuando el anterior presidente, Andrés Pastrana, les otorgó autonomía durante sus fracasadas conversaciones de "paz". El "despeje”, como se llamó al área, se convirtió en un lugar para almacenar armas, servir de sitio de descanso y relajación, "reclutar" jóvenes para luchar, ocultar a las víctimas del secuestro y de otras maneras hacer preparaciones para el terror.

Dos elementos claves para ganar una guerra de guerrillas son mantener el apoyo de la población local y negar refugio seguro al enemigo. Si éste testimonio es cierto, y yo creo que lo es, las "comunidades de paz" en el norte de Colombia violan estas dos reglas, y esto sin decir nada sobre el sufrimiento humano que se impone sobre una gente indefensa.