La inmigración se ha convertido en una de las cuestiones centrales del debate público en la mayoría de las sociedades desarrolladas. A las viejas pero siempre actuales discusiones éticas sobre la legitimidad de los Estados para imponer barreras a la libertad de circulación de las personas se han sumado en los últimos tiempos las derivadas de los impactos sociales, políticos, económicos y culturales de los flujos migratorios. En este contexto se produce una singular paradoja. Por un lado, los países industrializados reconocen la necesidad de importar mano de obra ante el envejecimiento de la población, la falta de oferta nativa para desempeñar determinadas actividades laborales y un si fin más de necesidades. Por otro, en esos mismos Estados se producen determinadas reacciones y corrientes hostiles hacia la inmigración que se contempla como una amenaza para la estabilidad y la identidad de las sociedades anfitrionas. En consecuencia, los gobiernos responden a los flujos migratorios con una mezcla de restricciones de los legales y amnistías de los ilegales. Esta esquizofrenia maximiza los costes derivados de la inmigración sin aprovechar los beneficios que ésta podría proporcionar.

En la práctica, el fracaso de las estrategias gubernamentales para abordar el tema de la inmigración es una prueba más de los nefastos resultados derivados de los intentos de sustituir el mercado por la planificación. La política hacia el fenómeno migratorio vigente en el grueso de la OCDE constituye una clamorosa expresión de un “fallo de Estado” que, como sucede casi siempre, intenta resolver los problemas con una apelación a la fuente que los produce: una injerencia estatal creciente en el libre funcionamiento de las fuerzas de la oferta y de la demanda. Este planteamiento no significa que el Estado no tenga que desempeñar papel alguno en la ordenación de los movimientos migratorios pero sí implica que el marco regulatorio vigente en la mayoría de las economías avanzadas es ineficiente y produce resultados distintos a los buscados, en concreto, un estallido de la inmigración ilegal que es la respuesta de mercado a una política inadecuada.

Sin embargo, el mundo del post 11-S con la internacionalización del terrorismo y el rebrote de movimientos xenófobos con notable éxito electoral en buena parte de los Estados desarrollados plantea un dilema a la mayoría de los gobiernos democráticos: ¿Cómo conseguir capturar los potenciales beneficios derivados de la inmigración sin incurrir en unos costes políticos prohibitivos? La respuesta a ese interrogante sólo puede proceder del diseño de un marco teórico coherente que suministre el arsenal necesario para desmantelar los principales argumentos anti inmigración que constituyen mitos sin base intelectual y empírica. Esta es una tarea esencial si se aspira a construir políticas sensatas sobre la cuestión y evitar respuestas basadas en las emociones del momento o en las presiones de grupos de interés minoritarios. De lo contrario se generará un problema de enormes dimensiones con consecuencias potencialmente explosivas.

La tesis central de este artículo es que las leyes de migración existentes en la mayoría de los países industrializados penalizan la importación de mano de obra foránea en una vía que es dañina para ellos mismos. Las políticas diseñadas en este campo son contrarias a los deseos de los ciudadanos y de las empresas. Producen efectos indeseados y con mucha frecuencia perversos. En ellas se sintetizan buena parte de los argumentos tradicionales de la “antieconomía” y también dosis profundas de planteamientos contrarios a los fundamentos de una sociedad abierta. Como en el caso del proteccionismo, la legislación sobre la inmigración perjudica a todos. Constituye un clásico juego de suma negativa.

El punto de partida de una reflexión liberal sobre la inmigración consiste en reconocer la libertad de emigrar y de inmigrar como un derecho humano fundamental. Es incoherente defender la libre circulación de bienes, de servicios y de capitales y oponerse a la de las personas. Desde esta perspectiva, los obstáculos a la entrada o a la salida de/o en un país determinado de los individuos constituyen un atentado a sus derechos legítimos. En este marco principista, la mejor política de inmigración es la que no existe. De hecho esta fue la práctica seguida en la mayoría de los Estados occidentales, a excepción de Rusia, desde mediados del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Ese período registró los mayores flujos migratorios de la historia de la Humanidad, aproximadamente, un 10 por 100 de la población mundial abandonó sus países de origen por un plazo mayor de un año. Las restricciones al libre movimiento de las personas se consideraba algo propio de las naciones poco civilizadas.

Sin embargo, ese enfoque se ve matizado por un elemento fundamental. Si bien es cierto que los individuos han de tener la libertad de ofrecer sus servicios en cualquier lugar del mundo, también lo es que los demás han de tener la capacidad de aceptarlos o de rehusarlos por las razones que estimen convenientes. La libertad de migración no implica pues que un “extranjero” tenga el derecho de ir donde le plazca, sino donde se le quiera recibir. En una organización social sustentada en la propiedad privada, los derechos de los individuos son condicionales, es decir, se permite el acceso a la propiedad de otro a condición de respetar las reglas y pagar el precio eventualmente demandado. De esta manera, el derecho de exclusión, con independencia de los criterios con los cuales se ejerza, es un ejercicio legítimo en una sociedad liberal y abierta, así como un mecanismo de autorregulación.

En el terreno práctico, esos criterios filosóficos se ven perturbados por un hecho: La expansión de la actividad estatal que de iure y de facto ha monopolizado el derecho de exclusión. En este marco no son los individuos de acuerdo con su libertad contractual quienes ejercen la posibilidad de aceptar o de rechazar transacciones mutuamente beneficiosas con ciudadanos de otras naciones sino los poderes públicos de acuerdo con fundamentos no sólo económico sino de otra naturaleza y que, por definición, son arbitrarios. En realidad, las autoridades gubernamentales actúan como monopolizadores de la exclusión y, por tanto, operan como los propietarios del territorio dentro del cual ejercen su soberanía. En los Estados democráticos, esto se traduce en la inexistencia de reglas estables y sensatas sobre los movimientos internacionales de población que aparecen sometidas a los distintos vaivenes de la opinión, impiden la realización de acuerdos voluntarios y libres entre la oferta de inmigración y su potencial demanda e introducen la discrecionalidad política en su regulación.

En este plano, los gobiernos democráticos se enfrentan a una dificultad insoluble a la hora de diseñar un aspecto clave de sus políticas de inmigración: La determinación de cuáles son los flujos migratorios que el país precisa. Esta es una expresión clara del viejo axioma misiano-hayekiano sobre la imposibilidad del cálculo económico en las economías planificadas y del abrumador fracaso de los poderes públicos para abordar el tema con una mínima racionalidad y eficiencia. Las cuotas, los cupos, las visas, toda la panoplia de instrumentos de control de la inmigración adolecen de ese defecto: Un desconocimiento total de la realidad, un déficit de información que las hace ineficientes. Ningún Estado puede saber cual es el nivel óptimo de inmigración. Ese sólo puede ser el producto de millones de decisiones individuales cuyos costes y beneficios se reflejan en los sistemas de precios. En un mundo en el cual, la economía de mercado gana parcelas crecientes de influencia, la importación y exportación de capital humano se rigen por criterios casi soviéticos. Esta es la causa determinante de buena parte de los problemas generados por la inmigración en las sociedades de acogida. Cuando el Estado pretende controlarlo todo, termina por no controlar nada.

El abandonar el país de origen requiere coraje o desesperación. Emigrar no es una “comida gratis”. Tiene una serie de costes económicos, sociales, culturales y afectivos que son o pueden ser muy elevados. Esto significa que los inmigrantes suelen personas más esforzadas, audaces e imaginativas que la media de su país de origen y también que el promedio de los habitantes de la sociedad anfitriona. Por ejemplo, los miembros de las minorías étnicas en Gran Bretaña tienen mayor propensión a convertirse en empresarios que la población blanca. Los inmigrantes son normalmente las “élites” de todas las capas sociales de sus naciones de origen. Eso vale tanto para las corrientes migratorias legales como para las ilegales.

En cualquier caso, la existencia de incentivos muy poderosos para que la gente emigre, con independencia de su deseabilidad, plantea serias dificultades para articular medidas restrictivas que funcionen. Los flujos migratorios se han acelerado de manera sustancial en los últimos quince años y todo indica que esa tendencia se intensificará en el corto, en el medio y en el largo plazo. En la actualidad, la gente que vive fuera de su tierra natal un año o más constituye el 3 por 100 de la población mundial. Entre 1989 y 2002, la inmigración a EE.UU. y a Europa fue de una dimensión similar: 1 millón de inmigrantes legales y alrededor de 500.000 ilegales/año a los primeros y 1,2 millones de legales y aproximadamente 500.000 ilegales/año a la segunda. Cuando un individuo decide abandonar su país y asume los costes de hacerlo, no existen barreras capaces de detenerlo. En términos relativos es de señalar el espectacular aumento de la inmigración protagonizado por España desde 1997.

Fuente: Eurostat

Como se ha comentado, el número de inmigrantes se ha acelerado de modo sustancial. La caída del Telón de Acero y los problemas en los Balcanes han inducido un aumento de los movimientos de población hacia los países de la Europa central (Alemania y Austria principalmente). La ampliación de la UE a diez países del centro-este europeo intensificará la movilidad de las personas en el Viejo Continente. El deterioro de la situación en el continente africano ha incrementado la disparidad entre los estándares de vida de esa región y los europeos haciendo que el peligroso viaje hacia España sea más atractivo que arriesgado y la atracción de EE.UU. como un paraíso de prosperidad es también un poderoso foco de captación de población foránea. Esa propensión a la inmigración se ha visto además favorecida por la tecnología, básicamente por el brutal descenso de los costes de transporte y de comunicación. Por regla general, los Estados exportadores de mano de obra tienen como media un PIB per cápita, ajustado por Paridad del Poder Adquisitivo, un 50 por 100 inferior al de los receptores y, también en promedio, los flujos migratorios comienzan a reducirse cuando esa variable alcanza los 4.000 dólares/año. En la Tabla 2 se observa como los diferenciales de renta entre las diversas regiones constituyen un determinante esencial de los flujos migratorios.

Tabla 2: Distribución geográfica de la renta mundial
(en Paridad del Poder Adquisitivo)

Fuente: Banco Mundial

Los motores más importantes que impulsan la inmigración hacia los países ricos en el lado de la oferta son básicamente cuatro: i) Las oportunidades de empleo y los deseos de mejorar el nivel de ingresos funcionan como un poderoso imán de atracción; ii) el caos y la represión política existentes en los países exportadores de mano de obra también iii) la transición de economías agrarias a la industrialización ya que esta implica una nueva reasignación de los recursos desde sectores primarios a la industria que provoca flujos migratorios del campo a la ciudad y al extranjero y iv) los programas de bienestar social existentes en las naciones desarrolladas que actúan como un mecanismo de atracción que en muchos casos incentiva la entrada de buscadores de rentas más que de creadores de riqueza.

Por lo que se refiere a la demanda, los elementos que impulsan la inmigración son los siguientes: i) La demanda de una fuerza laboral para actividades que no desean realizar los nativos; ii) la escasez de mano de obra cualificada para determinadas actividades en las economías avanzadas y iii) el envejecimiento de la población que exige importar mano de obra para sostener el crecimiento económico y para evitar que recaiga sobre la población nativa ocupada una carga fiscal abrumadora. Esos tres factores se retro alimentan ya que las sociedades ricas y envejecidas crean puestos de trabajo que la población del país receptor no quiere ocupar. Por último, los países industrializados intentan captar también capital humano cualificado para trabajos en los cuales la oferta doméstica no es suficiente. Esto significa que la demanda de trabajadores va a aumentar tanto en los segmentos altos del mercado como en los bajos.

Fuente: Trends in International Migration, OECD, 2003.

Los movimientos migratorios se pueden catalogar en cuatro grandes ramas: i) Cualificados y no cualificados; ii) legales e ilegales; iii) voluntarios e involuntarios y iv) temporales y permanentes. La inmensa mayoría de los países industrializados aspira a importar capital humano cualificado. Ahora bien, este tipo de inmigración constituye un porcentaje insignificante del total, alrededor del 3 por 100. El grueso de los flujos de población a escala internacional se concentra en inmigrantes poco cualificados que se ven atraídos por las posibilidades de prosperar que les abren las sociedades opulentas. La mayoría de ellos no tienen vocación de permanencia en el país anfitrión y aspiran a retornar a sus lugares de origen. Estos constituyen también la parte del león de los ilegales. Los involuntarios, esto es, los refugiados, los demandantes de asilo se han incrementado de manera sustancial en los últimos veinte años a causa de los procesos políticos y de los conflictos bélicos que se han producido en algunas regiones del planeta. Por ejemplo, la crisis en la antigua Yugoslavia generó importantes traslados de población hacia Italia y hacia el centro de Europa pero a efectos económicos no constituyen de facto una categoría autónoma.

Fuente: OCDE

La inmigración tiene un impacto sobre el bienestar económico del país de acogida y sobre el de su población, en concreto sobre el nivel de renta y sobre su distribución. Por simplicidad basta considerar un modelo compuesto por tres factores de producción: trabajadores cualificados, no cualificados y capital físico. En este esquema, los tres factores son sustitutos perfectos los unos de los otros y las consecuencias de la inmigración dependen de las características de los extranjeros. Por regla general, el grueso de los inmigrantes tienen una escasa formación, carecen de experiencia laboral y no hablan el idioma del país de acogida. En este contexto, la entrada en el mercado laboral de trabajadores poco cualificados reduciría la productividad marginal del empleo de esa naturaleza. Este declive presionaría a la baja sobre los salarios de ese sector de la población trabajadora y, si los salarios son rígidos, genera paro en esa categoría profesional.

Al mismo tiempo, el incremento de la inmigración poco cualificada puede inducir un aumento de la productividad marginal y de los niveles salariales de los trabajadores más cualificados así como a una mayor rentabilidad del capital. Aunque un factor nativo, el dotado de un capital humano menor pierde, otros ganan y, en promedio, el nivel de renta de la población nativa se eleva. Ahora bien, los inmigrantes ahorran y por tanto crean capital que acrecienta la productividad. Cuando esto se produce, ese negativo efecto queda neutralizado o aminorado. Tampoco puede olvidarse que, comparados con los nativos, la tasa de participación en la fuerza laboral de los inmigrantes es más alta, tienden a ahorrar más y presentan una mayor propensión a emprender nuevos negocios y al autoempleo. En términos dinámicos esto supone una aportación neta positiva de la inmigración en el medio y en el largo plazo.

En el siglo XIX y en los primeros años del XX no había prácticamente programas de transferencias públicas y se concedía escasa importancia a la distribución de la renta. En consecuencia existía poco interés en el impacto de una masiva inmigración poco cualificada sobre la distribución del ingreso. En este marco, la política de puertas abiertas a los movimientos globales de población era más fácil. En la actualidad, la mayoría de las economías industrializadas han edificado extensos Estados del Bienestar que por regla general conceden parte e incluso la totalidad de sus beneficios a los inmigrantes. Como la renta agregada de la población nativa en el país de destino se ha elevado sería posible conseguir una situación de óptimo de Pareto si aquellos no recibiesen y se utilizase parte de las ganancias obtenidas por el capital y por los trabajadores cualificados para paliar los efectos negativos de la inmigración poco cualificada sobre su equivalente nativa.

Sin embargo, el panorama cambia si el Estado del Bienestar proporciona una asistencia similar a los inmigrantes y a los nativos poco cualificados. Si esto ocurre, el aumento de la renta agregada de los primeros provocado por las prestaciones puede llegar a superar en términos relativos las ganancias obtenidas por los trabajadores más cualificados y por el capital. Bajo estas circunstancias, la inclusión de los inmigrantes en el sistema de transferencias sociales impide que se logre el óptimo de Pareto, esto es, un equilibrio en el que todos ganan. Esto plantea un dilema político de primera magnitud ya que por razones extraeconómicas resulta muy difícil dejar a los inmigrantes fuera del sistema de protección social. La pregunta, por qué un inmigrante que realiza una actividad profesional legal y paga sus impuestos no tiene derecho a percibir beneficios sociales, tiene una respuesta complicada. Por eso Friedman ha sostenido la tesis de que es imposible tener simultáneamente libertad de inmigración y un Estado del Bienestar.

En los siguientes Gráficos es posible observar la respuesta de los flujos migratorios al crecimiento económico y a la mayor o menor generosidad del Estado del Bienestar en las sociedades anfitrionas. Para ilustrar esa relación se ha utilizado una hipótesis: La existencia de un retardo entre el acto de inmigrar y el incremento del PIB en el año anterior. El resultado es bastante claro. En los países desarrollados que ofrecen menores prestaciones sociales a la inmigración, ésta viene determinada básicamente por el comportamiento de la economía como se comprueba en las regresiones que siguen a continuación. En ellas se ve claramente el alto grado de correlación positiva existente entre la evolución del PIB y los movimientos migratorios en los países con sistemas de protección social bajos o moderados para los inmigrantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE

En cambio, los Gráficos 4 y 5 muestran claramente como los países desarrollados con Estados del Bienestar más generosos atraen flujos migratorios que poco tienen que ver con la marcha de la actividad económica. Esto no significa per se que se trate de una inmigración de “buscadores de rentas” pero sí que el crecimiento económico no es la variable explicativa de las corrientes inmigratorias como sucede en el caso anterior.

Aunque los planteamientos esbozados hasta ahora son correctos, es importante introducir algunas matizaciones. De entrada, la movilidad internacional de la mano de obra no es sino uno más de los diversos fenómenos que afectan al precio de los recursos productivos. La libre circulación de bienes, de servicios y de capitales tiene efectos similares a los de la inmigración sobre el mercado de trabajo y sobre la asignación de los recursos productivos. Desde esta óptica, quienes se oponen a la entrada de trabajadores foráneos por sus hipotéticas consecuencias negativas sobre el nivel de empleo y de renta de determinados colectivos de la población nativa deberían también oponerse a las inversiones de capital del país de acogida en el exterior y/o a las importaciones de productos extranjeros. En pura lógica, la importación de productos intensivos de mano de obra poco cualificada produciría sobre los salarios nativos de ese segmento del mercado laboral un impacto similar al de la inmigración. En cualquier caso, la evidencia empírica disponible muestra que apenas existe relación entre la tasa de desempleo de un país, su nivel salarial y la intensidad del flujo migratorio que al mismo se dirige.

De todas formas, en un entorno de libre circulación de capitales, las barreras a la inmigración o los aranceles no lograrían detener el proceso de ajuste derivado de los intentos de elevar o de preservar los salarios de los nativos de manera artificial protegiéndoles de la hipotética competencia de la mano de obra extranjera. Simplemente, este proceso seguirá su curso en forma de una aumento de las exportaciones de capital a los países con salarios más bajos. Al mismo tiempo, los ciudadanos de los países con unas restricciones inmigratorias fuertes pueden perder como consumidores lo que creen ganar como trabajadores, ya que las restricciones imponen obstáculos a la división internacional del trabajo, a una eficiente localización de la producción y de la población etc. lo que reduce el bienestar general.

En cualquier caso, el desempleo no guarda relación de causalidad con la inmigración sino con la mayor o menor flexibilidad del mercado de trabajo. El problema básico en sociedades con un paro elevado y con rigidez laboral es que la llegada masiva de inmigrantes puede crear tensiones sociales y políticas, empujar a esas personas a la marginalidad e imponer una sobrecarga a los presupuestos públicos como consecuencia de las prestaciones sociales y otros costes derivados de la inmigración. Sin embargo, la entrada de inmigrantes puede transformarse en un poderoso instrumento de presión para liberalizar las rígidas estructuras laborales europeas que son la causa determinante de la presencia en la UE de un abultado volumen de desocupación. No existe una cantidad fija de trabajo en un país de tal manera que todo nuevo inmigrante quitaría su empleo a un “nacional”. En el Gráfico 6 se estudia la relación existente entre los flujos migratorios de un país y su tasa desempleo con los últimos datos disponibles y se comprueba que el coeficiente de correlación entre ambas series es prácticamente inexistente por tanto se puede afirmar que no existe ningún tipo de relación entre ambas variables, incluso los resultados arrojan una elasticidad positiva.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos OCDE.

Por lo que se refiere al impacto de la inmigración sobre el Estado del Bienestar, sobre los impuestos y sobre los gastos estatales la evidencia empírica cosechada es mixta y no permite extraer conclusiones definitivas. En un primer momento, los inmigrantes son generalmente contribuyentes netos a las arcas públicas porque constituyen mayoritariamente un colectivo de individuos jóvenes en edad de trabajar y el país receptor no ha tenido que pagar su educación. Un estudio británico del Home Office estima que la población nacida en el extranjero y residente en Gran Bretaña paga en impuestos un 10 por 100 más de lo que recibe del Estado. Ahora bien, este panorama cambia si se contempla en términos dinámicos. En efecto, los inmigrantes tienden a crear familias más grandes que los nativos, a ser más pobres y tienen más posibilidades de caer en el paro en coyunturas de debilidad económica. Así pues, su demanda de gasto social puede ser superior a la de la población nativa. Al mismo tiempo, los Estados con más amplios sistemas de protección social atraen más inmigrantes y éstos permanecen más tiempo en ellos. California absorbe mucha más emigración mejicana que Tejas a pesar de tener una frontera con Méjico más extensa porque el sistema de protección social es mucho más generoso en el Estado Dorado. En cualquier caso, los estudios disponibles no permiten extraer conclusiones definitivas sobre la cuestión.

Como se ha comentado, los inmigrantes suelen ser más jóvenes que los nativos y también tienen más hijos. Por el contrario, la tasa de fertilidad en muchos estados desarrollados, en especial en Europa, está por debajo del nivel de reemplazo y por tanto presentan un perfil de marcado envejecimiento en las próximas décadas. Por ejemplo, la edad media en Italia se elevará desde los 41 años actuales a los 53 en 2050 y en España a 55 años en ese período. A mediados de esta centuria, España será el país más envejecido del mundo y tendrá un 22 por 100 menos de habitantes. En su conjunto, 34 países industrializados tendrán en esa fecha menor población que ahora. En Europa se reducirá un 12 por 100 y en Japón un 17 por 100.

Las proyecciones realizadas por las Naciones Unidas indican que, en el área europea, el volumen de inmigración requerido para evitar una abrupta caída de la población debería ser casi el doble del actualmente registrado. En concreto, la UE debería importar un flujo anual de inmigrantes no inferior a 1,8 millones y si se desea evitar un deterioro de la tasa de dependencia (relación entre la población de 15 a 64 años y la de más de 65), esa cifra se eleva a 3,6 millones de personas al año. Ello supone que a mediados del siglo XXI, Europa debería tener entre un 20 y un 25 por 100 de la población de individuos originarios de otros continentes.

Tabla 5: Evolución de la Población sin nuevos inmigrantes
(Millones de personas)

Fuente: Organización de Naciones Unidas

Ese estremecedor panorama demográfico plantea serios problemas económicos y fiscales en el medio y en el largo plazo que la inmigración puede contribuir a aliviar. Los países europeos encaran una brecha insostenible entre la proyección de los ingresos fiscales que obtendrán en el futuro, los compromisos de gasto que van a asumir y el endeudamiento al que deberán hacer frente. En estos momentos, la proporción de trabajadores activos/jubilados en la UE es de 4,06 a 1,75; en 2050 sin jubilación adicional sería de 1,89 a 1.

Ante este escenario, la importación de mano de obra puede desempeñar un papel amortiguador notable. Si los inmigrantes hacen una contribución fiscal neta a lo largo de su vida activa ayudarán a hacer más sostenible esa situación pero, incluso, si no lo hacen, aumentará el número total de contribuyentes. En este contexto, la inmigración no elimina los problemas de sostenibilidad de los sistemas sociales continentales y no es una solución permanente al declive demográfico pero sí contribuye a paliar sus efectos negativos. Por el contrario, la estabilización y/o la disminución del número de inmigrantes recibidos por Europa tendría un efecto demoledor sobre el nivel de vida de los nativos europeos en edad de trabajar que deberían soportar una carga fiscal desproporcionada para sostener a una población pasiva muy elevada.

Uno de los factores que focalizan el debate sobre las corrientes migratorias es el espectacular crecimiento de la inmigración ilegal. A ella se asocian las peores manifestaciones del fenómeno migratorio: delincuencia, explotación etc. En términos simples se trata tan sólo de una divergencia entre el número de individuos extranjeros que un país está dispuesto a aceptar y quienes quieren entrar en él. Este desajuste entre la oferta y la demanda es el resultado directo de las políticas aplicadas por los gobiernos para regular los movimientos internacionales de población. Como los costes legales y administrativos de ser inmigrante legal son muy altos en la mayoría de los Estados desarrollados, la emergencia de un mercado negro que permita eludir esas restricciones es inevitable. También lo es el desarrollo de una floreciente actividad empresarial que ha convertido el tráfico ilegal de inmigrantes en un próspero negocio. Aunque resulta difícil de cuantificar, el Home Office británico considera que alrededor de 30 millones de personas cruzan anualmente las fronteras de modo ilícito a través de mafias que mueven entre 13 y 30 mil millones de dólares al año. La Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen reconoce que el tráfico ilegal de gente es hoy un negocio más lucrativo que el de las drogas.

Fuente: International Organization for Migration

Al igual que sucede con el comercio de estupefacientes, la primera reacción de las autoridades es acentuar la represión para combatir el problema. El abanico de acciones gubernamentales es de una gran variedad: imponer multas y penas elevadas de prisión a los traficantes, incrementar los controles fronterizos, castigar a los empresarios que contraten inmigrantes ilegales etc. Por ejemplo, las sanciones a los empresarios que contratan inmigrantes ilegales no sirven. La General Accounting Office norteamericana, durante el debate sobre la legislación de inmigración en 1986 que introdujo penalizaciones a los empleadores, estudió como habían funcionado ese tipo de medidas en Suiza y Alemania y encontró que habían fallado. La experiencia norteamericana no ha sido muy diferente. Al mismo tiempo, las mafias y los propios grupos étnicos que proporcionan una efectiva cobertura a los ilegales que les permite permanecer sumergidos y desaparecer en el país anfitrión. Esta realidad invita a plantear otra serie de iniciativas no han tenido demasiada efectividad.

Ese tipo de acciones represivas no resuelven la cuestión y generan resultados perversos. Cuanto más restrictivas son las políticas de inmigración, mayores son los incentivos de los traficantes ya que la prima riesgo de su actividad crece y, por tanto, los beneficios derivados de ella también lo hacen. Por otro lado, las sociedades democráticas no pueden convertirse en Estados policíacos para intentar controlar los flujos migratorios ilegales. Una primera y palpable prueba de la incapacidad gubernamental de controlar la inmigración ilegal son las amnistías periódicas concedidas por los gobiernos a la población foránea que reside al margen de la ley en su territorio. Esto a su vez tiene un efecto no deseado: La entrada de ilegales crece porque, antes o después, los gobiernos se verán forzados a regularizar su situación. Ante este panorama, los esfuerzos realizados para afrontar la cuestión por los gobiernos han sido bastante estériles.

Los intentos de distinguir entre distintos tipos de inmigración tampoco han tenido demasiado éxito como un instrumento para canalizar esos flujos. En América, en el Reino Unido y en otros países se ha pretendido diferenciar entre los demandantes de asilo y los que simplemente buscan ventajas económicas. Pero separar esas dos categorías resulta muy complicado, no sólo porque los inmigrantes tienen potentes incentivos para inventar historias de persecución étnica, política, religiosa que los burócratas no tienen posibilidades de verificar, sino porque el propio término “persecución” no tiene una definición precisa salvo en casos extremos. Por otra parte, quien solicita el asilo aspira o bien a volver a su país de origen cuando la coyuntura mejore o bien a permanecer en la sociedad de acogida. En ambos supuestos se verá obligado a trabajar más pronto o más tarde para poder sobrevivir y es necesario crear incentivos para que lo haga, salvo que le sostenga la asistencia pública.

Algunos países han elegido un sistema de cuotas por puntos en virtud del cual conceden la posibilidad de inmigrar a extranjeros que reúnen una serie de peculiaridades -educación, formación, conocimiento de la lengua, edad etc-. Este modelo se implantó en Canadá y tanto Alemania como el Reino Unido se han planteado su posible importación. A pesar de su aparente atractivo (permite elegir el tipo de inmigración que desea), este enfoque presenta serias deficiencias que limitan su funcionalidad. En primer lugar no resuelve ni reduce el problema de la inmigración ilegal que se concentra de modo masivo en los segmentos de la población mundial con niveles de educación y de formación más bajos. En segundo lugar introduce el serio riesgo de que la combinación arbitrariedad-corrupción en la concesión de permisos de trabajo o de residencia se convierta en una norma. Por último, los burócratas carecen de la información necesaria para saber que tipo de mano de obra, de cualificaciones etc. necesitan las empresas.

La discriminación de los inmigrantes por país de origen resulta muy atractiva para determinados Estados que están preocupados por la fuerte entrada legal e ilegal de individuos extranjeros procedentes de culturas muy diferentes a las de la sociedad de acogida. Esta medida tiene las mismas dificultades para volverse efectiva que cualquiera de las otras restricciones comentadas, no se sustenta en ninguna evidencia masiva que permita establecer ventajas entre unos y otros flujos migratorios por razones étnicas, religiosas o culturales. Finalmente introduce un prejuicio racista en el diseño de las políticas de inmigración que es injustificable en las sociedades abiertas. Los prejuicios que se esgrimen en la actualidad contra cierto tipo de inmigración en Europa recuerdan a los esgrimidos contra los católicos irlandeses cuando comenzaron a llegar a los EE.UU a partir de mediados del siglo XIX.

Uno de los mecanismos más útiles para regular los flujos migratorios es intensificar los intercambios comerciales entre los países receptores de mano de obra y los emisarios de la misma. La gente emigra porque carece de posibilidades de prosperar en su país de origen. El proteccionismo de los Estados ricos estimula la emigración de los pobres. Desde esta óptica, la eliminación de las barreras proteccionistas existentes en las economías desarrolladas constituye un arma muy efectiva para fomentar el desarrollo económico de los Estados pobres y para reducir los incentivos a la inmigración. El libre comercio entre los países industrializados y los en vías de desarrollo permitiría a éstos especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales gozan de ventaja comparativa, producción de bienes intensivos en trabajo no cualificado. Ello aumentaría las oportunidades laborales y salariales de la población de los países origen de la inmigración.

Las acciones de inmigración restrictivas se ven erosionadas de modo inexorable por las fuerzas del mercado. Los incentivos de los inmigrantes para buscar trabajo y mejorar sus condiciones de vida son muy altos y los de los empleadores para contratarlos también. Es muy difícil, por no decir imposible, para cualquier Estado impedir que esa situación se materialice cuando la oferta y la demanda intentan converger hacia un precio que las dos partes de una transacción consideran atractivo. El mercado negro existe cuando es imposible o muy costoso estar en la superficie. Esta realidad crea un prejuicio favorable hacia el diseño de normativas sobre los flujos migratorios más suaves y hacia el desmantelamiento de buena parte de las disposiciones restrictivas que sólo consiguen agravar los problemas derivados de las vigentes políticas sobre la inmigración.

En definitiva se trata de reducir los costes de la legalidad lo que implica asumir un principio básico: Permitir a quienes quieran trabajar y encontrar un empleo fuera de su país buscarlo, pero haciendo recaer sobre agencias privadas o sobre sus familias los costes de mantenimiento de los inmigrantes mientras estén en el paro e incluso obligándolos a recurrir al sector privado para cubrir sus riesgos cuando se incorporen a la vida laboral. Ese último punto es imprescindible para disminuir los flujos migratorios de los “buscadores de rentas”. Finalmente es fundamental crear los estímulos adecuados para facilitar la inmigración temporal. La inmensa mayoría de los individuos que abandonan su país de origen no quieren establecerse en el de acogida. Quieren trabajar o estudiar unos meses o unos años y luego volver a casa pero tienden a permanecer más tiempo si la legislación les impide o dificulta la posibilidad de retornar de nuevo.

Ese criterio apriorístico se puede complementar con otras iniciativas cuyo origen está en la idea de Gary Becker de instaurar un mercado de derechos de inmigración. En este sistema, el Estado anuncia cada año la venta de una cierta cantidad de derechos de inmigración y el mercado determina un precio de equilibrio a través de las pujas de los aspirantes a conseguirlos. Quienes ganan la subasta son los que más valoran esos derechos, es decir, los que se consideran más aptos para producir riqueza en el país anfitrión. En el esquema “beckeriano” cuanto más generoso es el Estado del Bienestar, más caros son los derechos de inmigración.

En esa misma dirección se han elaborado otras propuestas interesantes. Una de ellas es fijar un precio a la entrada legal en el país de acogida. Si los servicios de un traficante cuestan entre los 2.000/3.500 dólares de un pasaje del Norte de África a España y los 35.000 de uno de China a Nueva York, la venta de visas o permisos de trabajo a los potenciales entrantes a un coste inferior al de las mafias expulsaría a éstas del mercado, reduciría de manera drástica el volumen de ilegales y constituiría una importante fuente de ingresos para las arcas públicas. Otra fórmula de naturaleza y efectos similares consiste en exigir a los inmigrantes que compren un “bono de inmigración” a un precio ligeramente superior al cobrado por los traficantes si desean entrar de manera legal en el país. El bono se repagaría al trabajador foráneo cuando retornase a su país natal. Los ejemplos podrían multiplicarse pero todos van en una dirección: Utilizar las fuerzas del mercado para conseguir maximizar las ventajas proporcionadas por la inmigración y minimizar sus costes.

Los argumentos económicos son necesarios pero no suficientes para suavizar las fuertes restricciones legales a la inmigración y la oposición a ella existente en extensos sectores de la opinión pública. Los inmigrantes y los nativos a menudo sienten sentimientos encontrados en sus relaciones de convivencia. Los primeros quieren sentirse en casa pero también mantener, con distinta intensidad, sus valores y su cultura. Los segundos aspiran a integrar a los inmigrantes sin alterar los fundamentos del orden social. Este dilema se plantea con mayor intensidad en Europa que en los EE.UU. América tiene una larga experiencia en hacer coexistir culturas diferentes. Europa carece de ella y además se enfrenta a una poderosa corriente migratoria procedente de un mundo muy distinto al suyo, como lo es el Islam, que es percibido en muchos ámbitos como una amenaza, que se siente de manera más intensa desde los acontecimientos del 11-S.

De entrada, como señaló Mises, “la cosa evidentemente, no tiene remedio bajo planteamientos intervensionistas (con su afán de toquetearlo todo) o socialistas”. Las restricciones a la inmigración son inútiles y no van a lograr detener las corrientes migratorias. Ahora bien parece obvio que los habitantes de cualquier país se horrorizan ante la idea de que una masiva ola de extranjeros les “invada”, por temor a que un día queden convertidos en una minoría dentro de su propio territorio y/o a que minorías externas cohesionadas, con fuertes incentivos para la acción colectiva puedan alterar el habitat institucional y cultural de la nación vendiendo sus votos a quienes les concedan determinados privilegios. Guste o no, esos temores existen y son alimentados desde muy distintas esferas de la opinión pública.

¿Qué valores morales y normas de comportamiento deben exigirse que la gente respete en una sociedad abierta? La respuesta es muy sencilla: Los principios del Estado de Derecho. Los inmigrantes han de aceptar las reglas de la comunidad en la cual desean entrar como invitados o como socios. Esto supone respetar las leyes y los valores de las sociedades de acogida. Los “extranjeros” no pueden recibir trato discriminatorio alguno ni a favor ni en contra. Sus costumbres, sus valores, sus tradiciones han de ser permitidas siempre y cuando se ejerzan en la esfera privada y no violen la legalidad vigente. En nombre de la protección del derecho a la libertad de expresión y de religión no se puede tolerar la incitación a la violencia de un imán como no se tolera la de cualquier otro individuo sea nativo o extranjero. Como se ha comentado antes, la propensión a delinquir de los inmigrantes no es superior a la de los nativos y, por tanto, no se elimina con leyes más restrictivas si no mediante la aplicación de la ley.

Ese marco de referencia se ve erosionado por la actitud de los propios gobiernos, en especial de los europeos, que no tienen una tradición similar a la del “melting pot” norteamericano y practican una política equivocada con un impacto potencial explosivo. Por un lado levantan barreras elevadas a la inmigración legal; por otro suelen conceder a los inmigrantes de culturas foráneas un plus de derechos en función de su pertenencia a una minoría étnica, cultural o religiosa. Esta infección multiculturalista es la causa de uno de los peores subproductos derivados de los flujos migratorios procedentes de algunas áreas, en concreto, de la sanción legal del “sistemas de tribu”, de ghettos, de separaciones culturales desintegradoras, no integradoras. Esta es la fuente principal de las tensiones generadas por determinados huéspedes en las sociedades anfitrionas, el freno más poderoso a su asimilación y un factor determinante de la hostilidad hacia la inmigración existente en algunas zonas de Europa. Los derechos de ciudadanía son la esencia de una sociedad abierta y si se reformulan en “derechos de ciudadanías” (plurales y separadas), aquella se rompe y se subdivide en sociedades cerradas.

En un esquema de multiculturalismo legalmente sancionado pueden surgir graves problemas porque la segunda generación de inmigrantes tiene serias dificultades para definir su papel en esa misma sociedad que ha aceptado, incorporado y sancionado la diversidad cultural. Esto tiende a generar un clima de hostilidad y de alineación entre huéspedes y anfitriones con connotaciones explosivas. Los hijos de los inmigrantes, a diferencia de sus padres, tendrán serias dificultades para contemplar la sociedad de acogida como la Tierra Prometida. De esta forma, sus demandas de reconocimiento normativo de sus peculiaridades se convierten en un elemento de exclusión, en un obstáculo para su integración. Esto no afecta sólo ni principalmente a las comunidades musulmanas, sino a todas aquellas que hacen de sus elementos diferenciales mundo autárquico y autosuficiente. Muchas familias turcas viven en Alemania desde hace 30 años. Ni ellos ni sus hijos hablan alemán. En Dinamarca y en el Reino Unido no puede obligarse a los inmigrantes a tomar lecciones obligatorias de inglés o danés. Esto encierra a los inmigrantes en una trampa de pobreza y exclusión.

La dinámica impuesta por la globalización lleva inevitablemente a una mayor movilidad internacional del factor trabajo. Esto exige replantearse las políticas de inmigración existentes en la mayoría de los países industrializados que se ven desbordadas por la realidad. Guste o es imposible y además indeseable restringir las corrientes migratorias. Ahora bien es posible y deseable mitigar los efectos menos favorables de los flujos migratorios derivados de la ilegalidad o de su potencial impacto negativo sobre las sociedades anfitrionas si se produce una sustancial liberalización de las medidas reguladoras de la inmigración que reduzca los costes de la legalidad y fomente la integración. El mejor juez de las necesidades económicas es el mercado que es también el instrumento más eficaz para casar la oferta y la demanda de mano de obra foránea. Los burócratas son incapaces de saber cuanta inmigración necesita un país como no saben cuántos coches hay que producir. Pero en democracia, los gobiernos no pueden imponer sus deseos, por loables que sean, ante la oposición de los ciudadanos. La inmigración es siempre un “trade off” en el que es necesario intentar equilibrar en una ecuación sensata los inmensos beneficios que puede proporcionar a “todos”, exportadores e importadores de fuerza laboral, con sus potenciales costes.